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| Instalaciones de bombeo trasvase Tajo-Segura |
Creo que la mejor forma de comenzar con este artículo de opinión sería
intentando esbozar un poco de la historia relativa a la construcción del
trasvase Tajo-Segura, y ello porque este es el verdadero caballo de la
discordia en todo lo relativo al río Tajo y a su estado actual.
Veamos: fue a finales de los años 50 del pasado siglo cuando se consolidó la
idea de la construcción de grandes obras como el referente en la política
hidráulica de este país. Y entre estas, la construcción de presas como el
paradigma esencial. Lo que conllevó un gran crecimiento de empresas
constructoras, algunas muy potentes, tanto que algunos años después se
consolidarían de facto como lobbies con auténtico poder. Porque en España
siempre se prefirió el camino fácil de explotar lo conocido —la política del
hormigón— antes que investigar y explorar nuevos conocimientos en materia de
gestión de aguas. Así que, concluida algunas décadas después la posibilidad de
construir nuevas presas, el lobby del hormigón pronto abrió la espita a la
redistribución de los recursos hídricos a través de la realización de grandes
infraestructuras conductoras: la política de los trasvases fue la nueva
panacea para el poderoso lobby constructor.
El trasvase Tajo-Segura se presentó a la opinión pública el día 30 de enero de
1967. Las razones que se arguyeron para justificar el proyecto fueron las
sempiternas del desequilibrio hídrico entre regiones, y las de cómo el
Ministerio se planteaba resolverlo: en lo esencial trasvasando hasta mil
hectómetros cúbicos anuales desde la cabecera del río Tajo hasta la del río
Mundo. Se trataba, en palabras del propio ministro, de
“aprovechar los excedentes que se pierden en el mar”.
Todos los mentores del proyecto estaban animados por una idea obsesiva: la
grandiosidad de la obra; tanto que ella, por sí misma, se justificaba.
Cualquier opinión contraria —económica, ecológica, social, geográfica— fue
rechazada con auténtico desprecio, calificados de antipatriotas sus oponentes.
Y sería la Ley 21/71, de 19 de junio, la encargada de regular la explotación
del futuro trasvase, en principio autorizando un máximo de seiscientos
hectómetros cúbicos anuales, que podrían ampliarse en una segunda fase hasta
un máximo de mil. Con ello se pretendía implantar y legalizar cincuenta mil
nuevas hectáreas de regadío, a la vez que acabar con el déficit hídrico de la
cuenca del Segura. Y no importó tener que exagerar los datos del aforo del
Tajo en su cabecera, que se estimaron en mil doscientos hectómetros cúbicos
anuales; un aforo que en ningún momento de la historia de explotación del
trasvase se alcanzó.
Hoy la realidad se concreta en que siempre quedó lejos el poder trasvasar
incluso el máximo permitido para la primera fase —seiscientos hectómetros
cúbicos— situándose la media en aproximadamente la mitad; que las hectáreas de
regadío (legales e ilegales) en Murcia se han multiplicado exponencialmente
hasta suponer un setenta y cuatro por ciento más del regadío previsto, y que
el déficit hídrico que se pensaba eliminar prácticamente se ha triplicado en
la actualidad. A cambio se ha producido una notable degradación y pérdida de
todos los sistemas ecológicos ligados a las aguas subterráneas en el litoral
por sobreexplotación de los acuíferos subterráneos, una esquilmación sin
parangón de los recursos de la cabecera del río Tajo, y la práctica reducción
del río a la condición de vertedero y cloaca oficial a su paso por ciudades
tan principales como Aranjuez, Talavera de la Reina o Toledo capital.
Y hasta aquí los datos objetivos de la realidad del trasvase Tajo-Segura;
datos por sí mismos capaces de valorar con propiedad la negativa eficacia y
efectividad de la obra. Pero es que lo que ha ocurrido desde la puesta en
servicio del trasvase, es que su importancia y cuestionabilidad se ha valorado
a través de un debate político ideologizado, totalmente polarizado, donde
nunca se ha buscado encontrar la verdad de la cuestión, sino solo mantener la
apariencia de resultar ganador en tan indigna controversia: alegatos en favor
del trasvase en aras de la solidaridad que debe caracterizar al territorio
español —“Los ríos son de todos los españoles”—; la España húmeda ha de ceder
agua a la España seca, o la recurrente llamada a la solidaridad interregional,
porque al fin “los ríos son parte del patrimonio natural español”.
Y debo decir que de todos estos argumentos solo coincido con aquel de que el
Tajo forma parte del patrimonio nacional español. Al igual que también forman
parte del patrimonio nacional, la Alhambra de Granada, el Acueducto de Segovia
o la Catedral de Burgos, que de eso no cabe la menor duda. Pero eso sí, lo son
allí donde están. Y ese es el punto en el que vengo a discrepar con esos
irredentos trasvasistas que no admiten discutir por qué resulta impensable
poder concebir cualquier manifestación del patrimonio cultural fuera de su
lugar, por ejemplo, el palacio de La Alhambra fuera de Granada, y en cambio se
puede pensar en el patrimonio natural, en este caso el río Tajo, fuera de su
propia cuenca natural.
Sin embargo, algo parece moverse en torno a esta eterna cuestión. El Centro de
Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) presentó, el pasado 25 de
abril, un informe técnico en el que plantea una actualización progresiva de la
normativa vigente, con horizonte en 2027. Este ajuste responde a lo
establecido en el Real Decreto 35/2023, que obliga a garantizar unos caudales
mínimos en el río Tajo, como siete m³/s en Aranjuez y trece m³/s en Talavera
de la Reina. Entre los cambios propuestos destaca la modificación de los
volúmenes límite de existencias conjuntas en los embalses de Entrepeñas y
Buendía: pasarán de los actuales mil doscientos hm³ a mil seiscientos hm³ para
el tránsito entre los niveles uno y dos de explotación. Además, se ajustarán
los volúmenes mensuales máximos de trasvase: a veinticuato hm³ en nivel dos y
a once hm³ en nivel tres. Con la modificación de las reglas de explotación
propuesta por el CEDEX, los volúmenes máximos de agua trasvasable se reducirán
un 11% en nivel dos y un 45% en nivel tres. Estos recortes forman parte del
primer escalón hacia el cumplimiento de los caudales ecológicos del Tajo de
modo que pueda mantenerse como mínimo la vida piscícola que de forma natural
debiera albergar dicho río, así como su vegetación de ribera; recortes que
podrían ampliarse progresivamente hasta 2027.
Y ante ello solo me queda decir que no creo que este informe llegue jamás a
convertirse en una realidad en forma de Decreto-Ley, porque antes tendrá que
ser sometido a información pública y resultar aprobado por el Consejo Nacional
del Agua. Y ya conocemos bien, en cuestiones de los recursos hídricos de este
país, quien ostenta el poder: el puñetero lobby del hormigón junto a las
todopoderosas organizaciones de regantes; es decir, de nuevo las más radicales
organizaciones de derechas de este país. Así que se jodió: “Con la iglesia
hemos dado, amigo Sancho”.
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