¡QUÉ OCURRE CON DOÑANA?

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Años y años de extracciones ilegales de agua para regar, fundamentalmente, las fresas y frutos rojos de Huelva y alimentar el turismo de la zona, han concluido en el tenebroso paisaje que presenta hoy Doñana: el sesenta por ciento de sus lagunas temporales no se han vuelto a inundar desde el año 2013. Sus repercusiones sobre el Parque son catastróficas. Otros humedales próximos, sencillamente, han desaparecido, y con ellos su específica flora y fauna.

Las tres lagunas permanentes de Doñana no están en mejor situación. El informe al respecto editado por la propia estación biológica de Doñana dice: "Estos cambios están significativamente relacionados con las temperaturas y las precipitaciones anuales, pero también con la extensión de las áreas cultivadas, la superficie construida en Matalascañas, la distancia de las estaciones de bombeo de la urbanización, y el funcionamiento del campo de golf. Consecuencia directa de estas prácticas son la desecación prematura de lagunas y la drástica reducción del área de inundación".

No es nada nuevo. Es algo ampliamente recurrente en el país. Los manchegos sabemos mucho de ello. Por las mismas causas se acabó con el parque nacional de las Tablas de Daimiel. También los murcianos saben del problema del Mar Menor.

La cuestión siempre ha sido y sigue siendo la proliferación de regadíos al margen de las normativas vigentes, lo que provoca una situación ilegal —“alegal” las suele denominar la patronal agraria en el colmo del cinismo—, que posteriormente se fuerza a regular y legalizar con el chantaje y la presión de la movilización agraria.

Más de mil pozos ilegales se concentran en el entorno de Doñana. A pesar del Plan de Ordenación del Territorio de Doñana, se multiplicaron ls hectáreas de regadíos aun conociendo los extractores que vulneraban la ley y que iban a extraer ilegalmente agua del acuífero para cultivar sus frutos rojos.

El dislate administrativo se dio en 2014, cuando un nuevo Plan de Ordenación, a cambio de legalizar el riego en algunas fincas, clausuraría el resto de captaciones que quedaran fuera de esa ordenación, fundamentalmente las situadas sobre el Acuífero 27, de Doñana. Así fue como se hizo aquella supuesta regularización de regadíos: con una amnistía y regularización de una importante parte del regadío ilegal.

Ahora, de nuevo, el Gobierno andaluz propone otro cambio de calificación en los regadíos ilegales para que pasen a ser legales y reclamar derecho a recibir concesiones de agua, aunque supuestamente éstas deban de ser superficiales. Bastará, entonces, cualquier declaración de “año de sequía” para que se autorice a compensar esas concesiones de aguas superficiales con aguas subterráneas. Más de lo mismo. Y es que ya se sabe: ¡Hecha la ley; hecha la trampa!