USUREROS DEL AGUA

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Río Záncara en la Mancha

Litigar por el agua no es un asunto banal: más de 69000 euros le va a costar a Díaz Ayuso impugnar parcialmente el Real Decreto por el que se aprueba el Plan Hidrológico del tercer ciclo de la parte española de la demarcación hidrológica del Tajo.

Dice la presidenta Ayuso (o mejor lo dicen sus asesores, porque ella no tiene ni puñetera idea del asunto) que el caudal ecológico asignado al río es insuficiente y por lo tanto quiere que sea aumentado.

Me pregunto la cara que les habrá quedado a sus colegas de partido en Murcia cuando la muy genuina Ayuso ha puesto en entredicho una cuestión vital para esa autonomía: los trasvases del Tajo al Segura; cuestiones que en Murcia no se nombran, no se tocan, ni se pueden cuestionar.

Extraños los vaivenes de los políticos que tan pronto tornan en enemigos a sus compañeros más fiables, como hacen colaboradores y amigos a los enemigos más irreconciliables.

Y para muestra un botón: Emiliano García Page, desde el PSOE de Castilla La Mancha, interesado en cualquier movimiento que pretenda obstaculizar los trasvases desde Entrepeñas y Buendía al Levante español, se posiciona como un tahúr y propone a la odiada Ayuso una operación conjunta para “defender el Tajo”.

Desde luego, la hipocresía en política solo es igualada y superada por la falta de ética y dignidad de los políticos actuales.

La pregunta clave en esta cuestión, empero, sería: ¿Por qué ahora Ayuso cuestiona el Plan Hidrológico del Tajo cuando a la Comunidad de Madrid nunca antes le importó?

Y a ello cabría añadir ¿Por qué Page es capaz de aliarse en esta cuestión con una de las más antagónicas enemigas de los socialdemócratas enfrentándose de nuevo al Gobierno central?

La cuestión, por esas cosas de la sucia política, se inició empero en otra Comunidad distinta a las interesadas: Andalucía, donde en una jugada política el líder andaluz, en pago de uno de los muchos peajes que debe a los lobbies de su encumbramiento, decidió tramitar por la vía de urgencia una ley que pretendía legalizar 1400 hectáreas de regadío en el entorno del parque nacional de Doñana. El rechazo a la misma por parte del Gobierno central, la Unión Europea, ecologistas y hasta la UNESCO, al parecer no le afectó.

La propuesta de ley sufrió un parón como consecuencia de la convocatoria de elecciones en la Junta de Andalucía en junio de 2022. Pero posteriormente, revalidada la victoria, Moreno Bonilla volvió a la carga con el proyecto de legalización de regadíos en el entorno de Doñana. Aunque esta vez todo dimanaba de una nueva estrategia política. Sabedor Moreno Bonilla de que nunca le resultaría rentable aprobar una ley rechazada por Bruselas, jugó la baza de presionar al Gobierno para lograr subvenciones millonarias de compensación capaces de satisfacer a sus lobbies de regantes. Algo que el gobierno madrileño de Ayuso captó a la perfección. Tanto que el 4 de abril presentó un contencioso administrativo sobre el Tajo ante el Supremo, que convirtió en demanda el pasado 4 de octubre.

La jugada política ya estaba en marcha, solo faltaba el momento adecuado para anunciar su eclosión. Y esta se ha producido el 27 de noviembre, el mismo día en que se anunciaba públicamente el acuerdo entre el Gobierno y la Junta de Andalucía sobre los regadíos ilegales del entorno de Doñana: una lluvia de millones para los regantes de la Corona Norte que recibirían hasta 100000 euros por hectárea “ilegal” de terreno que dejen de regar.

Sin duda Ayuso aspira a una tajada similar, esta vez a cuenta de dejar de perturbar los trasvases de agua a los regantes murcianos. Una deleznable estrategia digna tan solo de políticos despreciables de aquellos que lo único que se preguntan es “que hay de lo mío”.

Y entre medias de todo ello, surge el ingenuo Emiliano García Page, aliándose con su enemigo, más por llevar adelante su confrontación con Pedro Sánchez que por obtener beneficios para su región.

Porque si Emiliano García Page tuviera unos inteligentes asesores en temas del agua en Castilla La Mancha, lo que inmediatamente debería haber exigido para su región era la recuperación política del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), tan necesario para recuperar y mantener las Tablas de Daimiel, las Lagunas de Ruidera y gran parte de los humedales de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda.

Y ello por una mera cuestión de justicia y trato de igualdad con Andalucía y Levante. Al fin, el pacto por Doñana no es otra cosa que el Plan Especial del Alto Guadiana, suprimido en la Mancha, y aplicado en otra región.

Qué pena la pobreza política en Castilla La Mancha, que, aun contando con mentes tan privilegiadas en materia de agua, como la de don Enrique Calleja y algunos otros, verdaderos ideólogos del PEAG, fueron despreciados enviándolos al rincón de los olvidos. Y claro, así nos va en esta materia en Castilla La mancha; y así les va a los otros en Levante, Andalucía y próximamente en Madrid.

Bendita tierra manchega, buena tan solo para hablar del Quijote. Anda y que les den.