El pasado 4 de septiembre, el pueblo chileno, en referéndum, y por una
amplia mayoría de casi dos tercios del total de votantes efectivos, rechazó la
propuesta de constitución que debería de reemplazar a la actualmente en vigor
establecida por Pinochet en 1980.
El proyecto de constitución había sido elaborado por una Convención
Constitucional compuesta, paritariamente, por setenta y siete hombres y
setenta y siete mujeres, de todos los rangos y estratos sociales, incluidos
los pueblos indígenas que, durante todo un año, entre el 4 de julio de 2021 y
el 4 de julio de 2022, debatieron y elaboraron el contenido del futuro texto
constitucional.
Y aunque todo este preámbulo es de sobra conocido por todos los interesados en
la política latinoamericana, viene a cuento en mi disertación, porque todavía
no llego a comprender esa negativa popular ante la nueva y progresista,
propuesta de constitución.
“Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional,
regional y ecológico. Se constituye como una república solidaria. Su
democracia es inclusiva y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos e
irrenunciables, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y
su relación indisoluble con la naturaleza”.
¿Se puede renunciar democráticamente a principios tan justos y humanos como lo
que enarbola ese artículo 1 del fallido texto constitucional? Pues a los
hechos nos remitimos: ¡Sí, se puede, y además con el apoyo de una mayoría
incuestionable del sesenta y dos por ciento de los votos emitidos! Luego la
pregunta subsiguiente es: ¿Por qué?
Quizá el origen pueda encontrarse en el propio nacimiento de la convención
constituyente, fruto de un estallido cuasi revolucionario contra un gobierno
surgido de las urnas, aunque autoritario, que no dudaba en proclamarse
admirador del dictador Pinochet. El presidente Piñera, un derechista próximo a
la extrema derecha, se vio obligado a aceptar un referéndum sobre la necesidad
de elaborar una nueva constitución. Y aquel referéndum se aprobó por una
holgada mayoría del ochenta por ciento de los votantes efectivos. Todo parece
indicar, por tanto, que la mayoría de los chilenos quería y quiere superar de
una vez por todas la herencia pinochetista.
Luego la convocatoria de referéndum por el presidente Gabriel Boric, para
someter a aprobación la propuesta del nuevo texto constitucional, no es otra
cosa que la aplicación de la lógica democrática como respuesta institucional
al requerimiento de los ciudadanos chilenos. Así que no parece que podamos
encontrar, por esa dirección, las posibles causas que propiciaron el “No” de
los chilenos a lo que unos meses antes reclamaban en las urnas: un cambio
constitucional que superara de una vez la época de Pinochet.
Por tanto, quizá, la atención deba prestarse al contenido del texto elaborado,
e incluso, al propio proceso de su elaboración.
Veamos: el texto rechazado declaraba a Chile como un Estado social y
democrático de derecho, que consagraba derechos humanos como la salud pública
universal, la educación gratuita, el acceso a la vivienda diga y al agua.
Incluía, también, la protección del medioambiente, nuevos derechos para la
población indígena, la igualdad de género libre de cualquier tipo de violencia
y la libertad sexual y reproductiva, incluyendo el derecho al aborto. ¿Los
chilenos son contrarios a la inclusión en rango constitucional de derechos
reconocidos mundialmente por la propia Convención de la ONU sobre derechos
humanos?
Pues me da que no, porque como cualquier otra persona, los chilenos son seres
humanos racionales en convivencia dentro de su propia sociedad, con lo que
ello conlleva de respeto al ser humano y al derecho natural; y después de eso,
son ciudadanos y patriotas chilenos. De modo que, por lógica deductiva y de
descarte, el error que ha posibilitado ese no rotundo a la nueva constitución
solo puede radicar en el acto de elaboración del propio proyecto
constitucional. Es decir, el pueblo chileno expresó claramente que quería
reformas; pero también ha expresado claramente que no está de acuerdo en cómo
se ha elaborado y presentado el cambio constitucional.
Tras el referéndum, la Convención convocada, del total de sus ciento cincuenta
y cinco miembros, ciento tres no pertenecían a ningún partido político. Y para
colmo, seis meses después, Gabriel Boric, un activista estudiantil, alcanzó la
presidencia chilena. Todos los recelos se despertaron, tanto en las
instituciones partidistas, como en el conservadurismo y la derecha extrema
chilena, como en los poderes efectivos de las finanzas y el dinero. Para
colmo, la actuación de la propia Convención, pronto derivó hasta convertirse
en una caja de grillos donde cada cual arrimaba el ascua a su sardina.
De este modo, cada error, cada salida de tono, cada maximalismo, cada
estupidez, tuvo que aceptarse en un acuerdo de muy difícil trabazón. Y este
fue el punto flaco que pudo armar a toda la oposición que, con el control de
los medios, supo exagerar cualquier extravagancia convirtiéndola en la esencia
del proyecto constitucional. Aunque tampoco es de desdeñar la propia identidad
individual y política de los chilenos: larguísima tradición política
neoliberal; individualismo a ultranza, una acrecentada visión del “Sálvese
quien pueda”, racismo con sus poblaciones indígenas, el peso de la religión, y
algunas otras peculiaridades más; todo ello les convierte en una sociedad
alérgica a los cambios. Sobre todo, a los extremos.
En resumen, una Convención no aceptada por consenso, un Gobierno que no
controla la inflación ni la proliferación de la violencia urbana y rural, la
obligación del voto, y el avanzado manejo del uso de la posverdad y las fake
news por los poderes económicos chilenos defensores del “No”: “¡Chile iba a
convertirse en otra Venezuela!”; ¿Qué otra cosa podía resultar salvo un
abultado “No” a la reforma constitucional?
Sin embargo, y pese a todo ello, son muchos los chilenos, una gran mayoría,
que desean la superación del Chile reaccionario, para consolidar un Estado
social y democrático de derecho. Para ello necesitarán retornar y recuperar la
confianza en la democracia representativa reflejada en su correspondiente
sistema de partidos y otros elementos civiles (sindicatos y organizaciones
patronales y sociales) que les instalen en la rueda de la “normalidad” del
funcionamiento democrático occidental.
¿Lo lograrán? Pues eso es algo que está por ver, dado que la moda política
mundial no parece caminar por los senderos del progresismo, la igualdad y la
justicia social, sino todo lo contrario, por los agrestes derroteros de los
totalitarismos y la ultraderecha radical.
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